Tengo claro que el ritmo de cambio de la IA supera con creces la capacidad de respuesta de los gobiernos, tanto por la vía legislativa como a través de un marco regulatorio más amplio.
La mayoría de los responsables políticos reconoce la importancia estratégica de la IA. La mayoría de los gobiernos es consciente de que la IA se perfila como una fuente de poder económico y geopolítico. Sin embargo, admitir su relevancia es la parte fácil; las complicaciones surgen en la fase de ejecución.
¿Pueden los gobiernos crear sistemas de supervisión eficaces? ¿Pueden las instituciones establecer marcos fiables para el despligue de la IA? ¿Pueden las empresas absorber los cambios disruptivos y adaptarse con la suficiente rapidez? ¿Puede la gobernanza seguir el ritmo del desarrollo de las capacidades de la IA?
Durante la mayor parte de la última década, la principal cuestión en el ámbito de la inversión en IA giraba en torno a las capacidades: ¿Qué modelo es el más potente? ¿Quién dispone de mayor capacidad de cálculo? ¿Quién lidera la carrera de las pruebas de rendimiento?
Estas preguntas aún son importantes, aunque han perdido parte de su relevancia.
Los nuevos desafíos son de otra naturaleza: ¿Quién puede verificar sistemas cada vez más potentes? ¿Quién puede auditarlos? ¿Quién controla el acceso? ¿Quién establece las normas? ¿Quién supervisa el despliegue? ¿Quién puede integrar estos sistemas de forma segura en las administraciones públicas, las empresas, las fuerzas armadas y los mercados financieros?
La IA ya no es solo una carrera tecnológica entre compañías, también se ha convertido en una competición estratégica entre Estados. A Estados Unidos le preocupa que una ralentización de la innovación lo deje en una posición vulnerable frente a los avances de China. Por su parte, Pekín afronta el reto de mantener el liderazgo tecnológico sin comprometer el control político ni la estabilidad social. Ambas potencias consideran la IA una infraestructura crítica. Esta situación plantea un dilema ineludible: avanzar demasiado despacio entraña costes estratégicos, pero hacerlo demasiado rápido genera riesgos de gobernanza de igual magnitud.
El argumento tradicional a favor de la seguridad de la IA defiende una ralentización de su desarrollo ante el aumento de los riesgos. En cambio, desde la perspectiva de la seguridad nacional, frenar no es una opción, ya que los competidores estratégicos no lo harán.
Ambos planteamientos pueden ser válidos al mismo tiempo. Precisamente por eso, la IA se asemeja más a una infraestructura estratégica que a una tecnología comercial.
Para los inversores, esta realidad indica que la próxima fase de la IA podría ser muy distinta de la primera. Si la etapa inicial fue una carrera por desarrollar la inteligencia, la siguiente será probablemente una carrera por gobernarla. Si esta tesis es correcta, las oportunidades de inversión más relevantes no se limitan a las empresas que desarrollan IA de vanguardia, sino que abarcan también a las encargadas de crear los sistemas necesarios para generar confianza en esta tecnología y facilitar su despliegue, protección, expansión, adaptación y mantenimiento.
