Teniendo en cuenta lo anterior, creemos que los inversores tienen dos opciones: desinvertir y transmitir una señal única o invertir selectivamente e impulsar el cambio en aquellos actores críticos que también pueden favorecer la lucha general contra el cambio climático. Como inversores activos que se basan en la investigación, consideramos que nos encontramos en una buena posición para recurrir a la segunda opción. En nuestra evaluación y diálogo activo con las empresas, no excluimos automáticamente de nuestros fondos a aquellas que hoy en día emplean el carbón para producir energía. En cambio, utilizamos los resultados de nuestra investigación para comprender mejor la tendencia y la trayectoria futura de la huella de carbono de una empresa. Antes de invertir en una empresa, queremos estar seguros de que cuenta con un plan para reducir drásticamente sus emisiones de carbono. Para ello, evaluamos la velocidad a la que invierte activamente en energías renovables a fin de reducir su dependencia del carbón, así como el compromiso de su consejo de administración y de la dirección para alcanzar los objetivos de descarbonización. En este sentido, las empresas que actualmente dependen del carbón, pero que invierten de forma más acelerada en alternativas sin combustibles fósiles, son las que más pueden contribuir a la descarbonización de nuestras economías. En muchos casos, están destinando prácticamente todo su capex a este fin.
Como inversores activos, tratamos de acelerar aún más esta transición comprometiéndonos explícitamente con estas empresas en base a los resultados de nuestras investigaciones. Por ejemplo, a raíz de que una gran empresa eléctrica estadounidense anunciara recientemente sus planes de reducir su huella de carbono en un 80 % para 2030, debatimos sobre cómo podrían ser aún más ambiciosos y fijar un objetivo de reducción del 90 %. En otra ocasión, entablamos un diálogo activo con una gran empresa europea de energía que, debido a la crisis energética, tuvo que aumentar el uso de plantas de carbón, animándoles a adelantar la fecha prevista de retirada de estos activos de 2038 a 2030.
Creemos que las empresas de servicios públicos que están en proceso de transición de un alto nivel de emisiones de carbono a uno bajo ofrecen el mayor potencial de rentabilidad durante la próxima década, ya que la transición se traducirá en mayores tasas de crecimiento que, a su vez, les permitirán atraer un capital inversor más sostenible, lo que podría dar lugar a múltiplos de valoración más elevados.
Esta transición secular también se beneficia del creciente apoyo gubernamental. En la Unión Europea, el próximo informe sobre Taxonomía destacará a las empresas que invierten el mayor porcentaje de capex en la consecución de los objetivos globales de descarbonización. Desde este punto de vista, esperamos que el sector mundial de los servicios públicos se beneficie de un sentimiento del mercado más positivo que el que existe en la actualidad si lo medimos con los parámetros de medición de carbono retrospectivos.
En EE.UU., creemos que la recientemente aprobada Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) también será positiva para las empresas de servicios públicos gracias a la prórroga de 10 años de los créditos fiscales para las energías renovables, que reducirá aún más el coste de las mismas y acelerará la transición energética.